“más que "procurar", "velar" o "propender" a que la educación particular tenga igual trato que la educación pública, que pareciera ser un elemento central del proyecto de la LGE, es hora de que el Estado asuma compromisos concretos y medibles para que la educación escolar pública sea comprobadamente equitativa y de calidad, asignando los recursos correspondientes e instalando exigentes capacidades de gestión”
Víctor Pérez Vera. Rector Universidad de Chile
El Mercurio, Sábado 16 de agosto de 2008, página A2.
Son las 6:30 de la mañana de un día lunes de invierno. Un bus escolar recoge a niños y niñas en uno de los sectores pobres de Santiago y, luego de tomar una de las autopistas, llega a un colegio privado, emblemático del sector más pudiente de la capital.
Luego de un desayuno abundante, los niños tienen clases en salas calefaccionadas, con mobiliario bien diseñado y material didáctico apropiado. El director asume con liderazgo la conducción de su comunidad educativa, convencido que el éxito de la educación se juega en el aula. Sus profesores están bien remunerados, son competentes en sus materias, se les asigna tiempo para planificar y preparar sus clases y perfeccionarse, y disponen de un centro de recursos didácticos. Los niños acceden a salas de computación, a laboratorios, a la biblioteca. Terminada la mañana, almuerzan una comida nutritiva en comedores amplios. Como es invierno, las clases de educación física se realizan en el gimnasio techado, y en la tarde van a talleres de música, idiomas, deportes, ciencias, literatura y otros.
A la misma hora de ese lunes de invierno, un bus recoge a niños y niñas en uno de los sectores más acomodados de la ciudad. Luego, el bus se dirige hacia una escuela públicaubicada en una de las poblaciones pobres de la capital.
Las clases se realizan en salas sin calefacción y con algunas ventanas sin vidrios. Los niños comparten los libros del curso, pues los que llegaron no alcanzan para todos, además que llegaron atrasados. Las paredes de las salas tienen material didáctico hecho en papel café y que sus profesores preparan en sus casas en la noche, pues el colegio no les asigna tiempo para planificar y preparar sus clases, y no les queda tiempo para perfeccionarse. No hay laboratorios, los equipos computacionales están obsoletos, la biblioteca no es muy surtida, y los profesores -con sus magros sueldos- hacen su mejor esfuerzo para enseñar sus materias. Como está lloviendo, el barro impide que en los recreos se pueda salir al patio, el cual tampoco puede ser usado para las clases de educación física.
Para los niños y niñas del primer relato lo descrito sería un sueño y, para sus padres, una esperanza. Para los del segundo, una pesadilla. Aunque algunos dirán que el ambiente en ambos es una exageración, estoy seguro que nadie querría para sus hijos la segunda experiencia. Lejos de proponer un intercambio de alumnos y colegios, la intención de estos relatos es graficar situaciones de inequidad que hoy existen en nuestro país y que deberían llamar a una reflexión a quienes debaten la naturaleza, propósitos, institucionalidad y financiamiento de la educación escolar pública, hoy focalizada en el proyecto de la Ley General de Educación, (LGE).
Poco se puede añadir a lo que ya se ha dicho y escrito acerca de lo fundamental que es la existencia de una educación escolar pública equitativa y de calidad para la preservación de un país democrático, justo, solidario y socialmente estable. Es hora de poner en práctica las convicciones que se enuncian.
En tal sentido, más que "procurar", "velar" o "propender" a que la educación particular tenga igual trato que la educación pública, que pareciera ser un elemento central del proyecto de la LGE, es hora de que el Estado asuma compromisos concretos y medibles para que la educación escolar pública sea comprobadamente equitativa y de calidad, asignando los recursos correspondientes e instalando exigentes capacidades de gestión y de evaluación del desempeño. En eso está en juego la visión de país que la gran mayoría de la población demanda. Sería una irresponsabilidad y miopía política olvidar que la efervescencia social de 2006 tuvo su origen en la falta de equidad y calidad de la educación escolar pública.
Para la reflexión, un tercer relato. La educación escolar pública mejoraría si a ella asistiesen los hijos e hijas de quienes definen su institucionalidad, financiamiento y condiciones de trabajo de sus profesores.
Para elaborar e implementar políticas nacionales que mejoren la educación escolar pública, primero hay que creer en ella. Pero para creer en la educación pública necesitamos creer que tenemos un país y tener ganas de estar juntos, creer que podemos llegar a ser desarrollados si nos empeñamos conjuntamente con los demás, y estar convencidos de que solos, encerrados en nuestra clase y barrio de origen, no llegaremos más que a disfrutar de un tercermundismo vergonzante.
El derrumbe de un túnel subterráneo, con decenas de estudiantes heridos, ocurrido el día de ayer en el Liceo de Aplicación de Santiago; resume dramáticamente la situación de profunda crisis de la educación pública chilena, denunciada por estudiantes, profesores y apoderados; pero negada por el gobierno.
Tras más de 20 años de políticas neoliberales, desde Pinochet hasta Bachelet, el derecho a una educación de calidad no ha estado garantizado constitucionalmente; en cambio si lo esta el derecho a propiedad, a la enseñanza y a la libre empresa. El 2006 un intento de modificación a este artículo fue rechazado por los parlamentarios de Derecha y por algunos de la Concertación(Ver Opech).
La realidad de la educación se ha vuelto un teatro del absurdo que se cae literalmente a pedazos; donde domina la sinrazón sobre la razón; el negocio de los sostenedores y poderosos de siempre, por sobre nuestro derecho a educarnos,a forjarnos una vida y futuro dignos de vivirse.
La crisis de la sociedad y del mercado
La derecha y la concertación, que han defendido los intereses de los empresarios, que son sus mismos intereses; nada han hecho para resolver los problemas de fondo de la educación pública, de la salud, de la previsión, etc, etc… Tuvieron que movilizarse millones de estudiantes el 2006 para evidenciar la triste realidad del sistema educativo: que existen estudiantes de primera y segunda categoría, según puedas pagar.
Como se ha demostrado numerosas veces,esta educación es funcional al sistema económico imperante, el capitalismo; pues condena a la amplia mayoría de los jóvenes a ser futura mano de obra baratapara seguir produciendo más ganancias a los empresarios, todo en nombre del “desarrollo del país” y la “democracia de los acuerdos”.
Hace falta una aclaración, losempresarios como: Angelini, Luksic, Piñera, Claro y Edwards; dueños de casi todo, prefieren llamar graciosamente “sistema de libre mercado” a susistema, suena mejor, más democrático…porque capitalismo suena a ganancia, a explotación...los complica, los desnuda. Por eso a través de sus empleados en sus colegios y universidades; en sus medios de prensa y televisión…nos “enseñan” de pequeños que criticar al sistema es malo, que solo es de“políticos” y “terroristas revolucionarios” sin remedio.
El secreto de la “democracia” o el mundo al revés
Enfrentar la verdad de los hechos siempre complica cuado se vive de apariencias. La sociedad capitalista chilena vive llena de apariencias y engaños. La apariencia de desarrollo y éxito económico, mientras se pagan salarios miserables y aumenta vergonzosamente la desigualdad entre ricos y pobres; la apariencia de democracia ciudadana mientras se reprime y censura a los estudiantes, profesores y a trabajadores en huelga. Se militarizan las comunidades mapuche, se les reprime y culpa de ser “terroristas” por impulsar la recuperación de SUS TIERRAS ancestrales, usurpadas por el estado chileno y ahora ocupadas por grandes empresarios y forestales, todos protegidos por escuadrones del GOPE… pagados por el fisco, por todos los trabajadores.
El “crecimiento del país”va a parar a los bolsillos de unos pocos millonarios empresarios y bancarios. Se privatizan los caminos, el agua, la luz, nuestros recursos naturales, para que la inversión privada sea finalmente superada con ganancias por el bolsillo de la población a través de las alzas permanentes en las cuentas. El llamado transporte “público” es privado, y cuando se subvenciona el pasaje en Santiago y regiones, los que ganan millones a fin de cuentas son los mismos empresarios que ofrecen un servicio deficiente. La ministra de educación es una sostenedora que dice defender la educación pública, en fin, el diablo vendiendo cruces…o el mundo al revés.
El gobierno y la mayoría de los parlamentarios quieren aprobar la LGE y probablemente lo harán, pues como se sabe, muchos de ellos son dueños de colegios omiembros de Directorios de Universidades (Ver Opech).No lo han hecho aúnsolo por las movilizaciones de estudiantes y profesores; y por temor a perder votos en las próximas elecciones.
Por eso, los poderosos de siempre, los representantes de la derecha y la concertación no se preocuparon mucho con el derrumbe en el Aplicación, pues no tienen a sus hijos allí…sino en caros colegios privados. A ellos no les preocupan mucho las largas esperas en la atención de Salud Pública…porque se atienden en lujosas clínicas. No les preocupa mucho el alza de todo, ellos se reajustan en un minuto sus millonarios sueldos en el parlamento,¡¡y cuanto demoran en subir míseros 15 mil pesos al salario mínimo!!
Este es el secreto mejor guardado de la “actual democracia”: el gobierno de unos pocos poderosos en nombre de la mayoría de jóvenes y trabajadores. La población, generalmente desinformada y desorganizada, a lo más tiene el derecho de elegir, cada ciertos años, a otro representante de derecha o la concertación, que lo siga engañando como presidente, parlamentario o concejal.
Los estudiantes vencerán solo con el apoyo concreto de los trabajadores yunahuelga general que paralice el país
Es momento de decir basta a todo este engaño, para ello debemos dejar atrás las falsas ilusiones que aún existen. Nada podemos esperar del gobierno y la concertación; nada fundamental lograrán los estudiantes movilizándose solos; la lucha por cambiar la educación es política, enfrentamos poderosos intereses económicos que controlan el gobierno, parlamento y las leyes; y por último, es imposible realizar un cambio profundo en la educación sin apuntar al corazón del problema, el sistema capitalista.
El gobierno y la derecha han logrado, por ahora, aislar y frenar al moviendo estudiantil, es momento de aprender de nuestros avances y derrotas. Es urgente recomponer el movimiento y ampliarlo, sumando al resto de la población. Ya no basta con marchas o protestas, hay que formar amplias coordinadoras de lucha con sindicatos, comandos de pobladores y plantear demandas más amplias y urgentes, como: el congelamiento de precios de todos los productos básicos y el transporte; exigir un aumento del salario mínimo a 250 mil pesos mensuales y plantear el retiro de la LGEpara elaborar un nuevo proyecto educativo con las propuestas de estudiantes, profesores y apoderados.
Sólo ampliando las coordinadoras y asambleas, integrando al resto de la población con sus demandas podremos fortalecernos para las luchas que vendrán inevitablemente. Es un camino arduo y largo, pero es el único, no hay atajos mágicos. Al igual que muchos estudiantes, los trabajadores necesitan aprender por la experiencia que sus intereses deben defenderlos en las calles, organizándose y movilizándose masivamente. Esto aún no lo comprenden muchos jóvenes, ni tampoco la amplia mayoría del movimiento de trabajadores, todavía desorganizado e ignorante de su enorme fuerza.
De esta manera, al calor de la lucha, ganaremos la confianza y apoyo necesarios para llamar a una huelga general de 24 horas en defensa de nuestros intereses, contra las políticas neoliberales del gobierno y la derecha. Solo con millones movilizados y paralizando el país, podremos decir basta es BASTA.
El sistema educativo de mercado se esta cayendo literalmente a pedazos, como toda la fachada de este sistema; sólo los jóvenes y trabajadores en lucha terminaremos de botarlo, avanzando asíen la transformación revolucionaria de la sociedad.
Cuando la ministra Jiménez defiende el lucro en la educación, sabe muy bien de lo que habla, ya que la Corporación sostenedora que encabezaba hasta acceder a su cargo recibió más de mil millones en un año. Instalar colegios para niños de bajos recursos parece ser uno de los más lucrativos negocios del neoliberalismo chilensis, así parecen haberlo entendido algunos ex ministros del ramo, que luego de abandonar el edificio de Alameda, se han ido derecho a poner en práctica sus jugosas aptitudes educativas.
Hasta allí todo bien, cada quien invierte en lo que quiere, pero lo cuestionable es que por una parte tales negocios se hacen con platas del Estado y por otra, que el producto de esta mera transacción comercial es probadamente deficiente.
La ministra Jiménez hizo el recorrido a la inversa -aunque su hermano y socio en materias educativas, Jorge Jiménez, sí fue ministro de Aylwin pero en la cartera de salud- siendo Asistente Social y Académica, Mónica Jiménez, fundó junto a otros la Corporación Participa, dedicada según declara “a la promoción de valores democráticos” y de la cual fue directora ejecutiva y presidenta entre 1989 y 2006.
Esta institución tomó a su cargo el Liceo Polivalente de La Pintana, en la que se imparten diversas carreras técnicas y que según la propia Jiménez, aspira “a mejorar las oportunidades” para los jóvenes de la comuna preparándolos para ingresar al mundo del trabajo.
Más tarde en el 2001 y a partir de “Participa”, se crea una segunda corporación a la que denominan “Aprender”, que dos años después se hace también del Liceo Técnico Esteban Kemeny Hornas, ubicado en la popular población La Victoria, de Pedro Aguirre Cerda.Mientras que su más reciente adquisición es el Centro Educacional Sagrado Corazón de Lo Espejo, con cursos de primero básico a cuarto medio y también cursos vespertinos. Además realizan “consultorías y servicios”.
Entre los “socios” de la actual Ministra en el negocio educacional se cuenta al ex ministro de Educación, Sergio Molina Silva, quien asume como presidente y es además Vice-presidente Banco del Desarrollo; Mariana Aylwin, también ex secretaria de Estado y los integrantes del directorio Jorge Cisternas Larenas, presidente de la Constructora Bío Bío y Mario Pavón Robinson, Gerente General de SONDA. Sí, la misma del Transantiago.
Lo sorprendente, es que a pesar de que a pocas semanas de nombrada impactó a la comunidad escolar culpando a los profesores por los bajos resultados del SIMCE, los resultados de mediciones académicas en los establecimientos dependientes de la Corporación “Aprender” y de cuyos proyectos educativos es responsable Jiménez (incluyendo la posibilidad de contratar a “buenos” o “malos” profesores) son tan alarmantemente deficientes como en el resto de los colegios particulares subvencionados y municipales hechos para niños pobres.
En el caso del cuarto básico del Polivalente de La Pintana, cuya formación ha estado desde kinder bajo la administración de esta corporación, no sólo está 13 puntos debajo del promedio nacional comparado con otros de su misma condición socioeconómica, sino además en vez de mejorar empeora año a año. Situación similar sucede en los otros colegios de la sostenedora.
En cuánto a la PSU, el promedio del puntaje obtenido por los pocos alumnos que rinden la prueba no les alcanza siquiera para postular a una universidad del consejo de rectores y demás está decir que el acceso a una universidad privada es imposible de soñar para un estudiante que proviene de un hogar de ingresos bajos o medios bajos, sectores que atiende la entidad sostenedora fundada y comandada por la actual ministra.
El vil dinero
La ministra de Educación, Mónica Jiménez, hace poco y en medio del acalorado debate en torno a la imposición de la LGE, pidió terminar con la discusión sobre el lucro en la enseñanza, porque "históricamente en Chile ha existido provisión mixta de educación", es decir privada, particular subvencionada y municipalizada.
"Es imposible que a una institución privada que se ha planteado prestar un servicio uno le diga que tiene que ser sin lucro", por lo que ese concepto "ni siquiera hay que discutirlo", fue la tajante opinión de la secretaria de Estado entregada a los medios de comunicación y seguramente detrás de tan categóricas afirmaciones hay argumentos de peso que ella conoce bien en su rol de sostenedora.
Jiménez de la Jara, integró en su calidad de Rectora de la Universidad Católica de Temuco el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (CAPESUP).
En esta instancia de “diálogo” los consejeros con mandato de estudiantes, profesores y académicos plantearon “inadecuado admitir la provisión con fines de lucro, en particular en los establecimientos que reciben algún tipo de financiamiento estatal, directo o indirecto”.
Según el informe final del CAPESUP: “sostienen estos miembros del Consejo, debe ser impartida por instituciones cuyo fin sea el desarrollo de un proyecto educativo en el que se reinviertan la totalidad de los excedentes que la labor educativa genere”. Pese a ello la entonces rectora prefirió sumarse a la opinión del bloque de los sostenedores y empresarios que validaba el lucro en la educación.
En el informe ello quedó redactado así: “ha de permitirse la existencia de entidades con fines de lucro y sin él. Estos Consejeros estiman que las prácticas comparadas muestran que ese diseño es posible y, bien regulado, puede ser beneficioso si se lo somete a mayores y mejores niveles de regulación de los hasta ahora existentes”.
Quienes se oponen al lucro, sostienen que los paupérrimos resultados de los establecimientos subvencionados para pobres, incluyendo a los administrados por la ministra demuestran que no es así y que por el contrario, cuando el aporte de los apoderados no es suficiente para sacar la “tajada” del sostenedor, ésta se arrebata raspando la olla de la ya insuficiente subvención en detrimento de la calidad.
El balance 2006 de la Corporación, que entonces tenía sólo dos colegios, impartiendo cursos básicos y medios, arroja ingresos por casi mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad proviene del Estado, mientras que otra parte está compuesta por donaciones empresariales y una cifra cercana a 65 millones por el financiamiento compartido, o sea proviene de la mensualidad de los apoderados.
Llama la atención que con una cifra tan abultada de ingresos adicionales, sus resultados no sean superiores a los de escuelas municipales de las comunas en las que están insertos los establecimientos. Pero más aún llama la atención que entre las actividades del Centro de Padres y Apoderados, se consignen algunas para “la construcción de estantes para la implementación de salas temáticas y la compra de implementos deportivos”, necesidades que claramente deberían estar cubiertas por el sostenedor.
La vergüenza de la ministra
En visita a terreno, la Ministra de Educación Mónica Jiménez fue consultada por una periodista de Radio Nuevo Mundo, sobre el destino de los colegios que están en categoría C. Todo esto ha propósito del programa de televisión Informe Especial que develó el escandaloso negociado de los sostenedores a costa de la mala educación de los niños y jóvenes chilenos.
La consulta periodística dejó en vergüenza a la secretaria de Estado, que simplemente no supo de qué se le preguntaba. Éste es el dialogo entre la periodista y quien guía los destinos de la educación chilena.
-Ministra ¿Qué va a pasar con los más de 5 mil establecimientos que están en categoría C?
-Usted se refiere aaaaahh, se refiere ahhhhh, a la subvención escolar preferencial ¿ahhh a qué”?
- Ministra, se califica en categoría A, B o C a los establecimientos subvencionados según cumplen las normas que están establecidas en las leyes que debe regular el ministerio de Educación. Cuando es C, es porque tienen graves irregularidades y hoy en Chile existen más de 5 mil establecimientos que están en esa condición. ¿Qué pasará con estos establecimientos que están en esa condición?
- Bueno, eehhh, lo tenemos que trabajar, lo que estamos tratando de hacer son dos cosas. Planes de mejoramientos y sanciones. Es decir, muchas veces eeeehhhh, puede haber, muchas veces que irregularidades se produzcan por ignorancia, no por una mala dijéramos ehhhhhhhhh intención aaahh, entonces tiene que venir el apoyo para que ellos puedan perfeccionar, ahora si las personas reinciden en los errores dijéramos, después de haber recibido el apoyo, tienen que ser sancionados eeeehhh incluso tienen eeeehhh puede queeeee la nueva legislación establece que se cierran esos establecimientos y que entre o sea, entra un administrador provisorio que se hace cargo por un período de tiempo del establecimiento, porque eso habla ya (que) el administrador que existe no es un administrador, que tenga las competencias para realizarlo, eso está en la nueva legislación.
El legado de la ministra en la UC Temuco
Cuando los trabajadores y estudiantes de la Universidad Católica de Temuco se enteraron que Mónica Jiménez, hasta entonces rectora de ese plantel universitario, encabezaría la reforma educacional que todo Chile exige y que estalló con la llamada “Revolución Pingüina”, presumieron que nada bueno se podía esperar para el futuro.
Esto porque el rostro que conocieron de Jiménez fue el de una académica conservadora y represiva, que hizo insostenibles las relaciones entre estudiantes y rectoría y cuyo acto culmine de convivencia universitaria fue expulsar a 26 alumnos, tras la toma del campus central.
Esta es una carta llegada a nuestro semanario y que refleja el clima de odiosidad que dejó Jiménez a su paso por la Novena Región.
“Yo soy un trabajador asustado por las reiteradas amenazas de las que hemos sido objeto desde que asumió este rector Alberto Vásquez Tapia quien se ha transformado en el rector de la represión y el miedo en la UCT.
Como trabajador de la Universidad Católica de Temuco UCT, deseo expresar mis preocupaciones que me afectan y que afectan a muchos trabajadores auxiliares, docentes y administrativos en el último tiempo, desde que llegó a la Universidad, Mónica Jiménez de la Jara, se inició un clima poco sano y muy represivo.
El encargado de poner en marcha esta situación de represión al interior de nuestra universidad había sido el brazo derecho de la ex rectora. Este habría creado un sistema de espionaje y control por medio de cámaras de vigilancia, y habría ejercido la peor prepotencia que haya habido nunca en esta universidad, ni siquiera en los peores tiempos de la dictadura militar.
Esta "alta autoridad" de la UCT sería conocido por su prepotencia en especial contra las mujeres trabajadoras, a muchas les habría dado un trato denigrante y la rectora lo premiaba llevándolo a dar conferencias al extranjero.
Valdés viajó a muchos países con Jiménez de la Jara dando conferencias sobre el éxito y la calidad del proyecto educativo de la UCT y desde que asumió el nuevo rector es el encargado de todo del personal y de las infraestructuras de la UCT.
Alguien dispuso nuevas cámaras y sofisticados equipos de vigilancia por todas partes. Un directivo es conocido en la universidad por su aversión a los estudiantes. Incluso se habla que alguien tomaba fotografías a los estudiantes que se consideraban peligrosos. Se le acusa a Valdés, Nass y el segundo de a bordo, el docente Peña, de tener amedrentados a todos los trabajadores.
El clima de miedo es generalizado, a los auxiliares se les ha amenazado con despedirlos si no cumplen funciones de espiar en contra de los estudiantes y de los profesores.
Esta semana el propio rector se ha parado a la entrada del Campus San Francisco y junto a su círculo de hierro y han amenazado no solo a estudiantes sino también a los docentes y administrativos... ¡el clima de inseguridad es total!
La Universidad había contratado hace unos meses una empresa para resguardar los Campus, ahora se ha contratado una segunda empresa, hay dos empresas de vigilancia funcionando al mismo tiempo. La última son gentes muy extrañas todos parecen militares.
Cuando Bachelet nombró a Jiménez de la Jara de ministra muchos respiramos y pensamos que el siguiente no podía ser peor, pero nos equivocamos.
Semanas después de la salida de Jiménez, nos enteramos que ella lo primero que hizo como rectora habría sido asignarse un sueldo mensual de 9 millones y medio de pesos líquido, mientras despedían a otros muchos trabajadores por reducción de presupuesto que no ganaban mas de doscientos mil pesos, sus allegados tendrían sueldos de más de cuatro millones de pesos. Bakovic, privatizó todo lo que encontró a su paso para reducir los gastos de la universidad que supuestamente no alcanzaban.
El actual rector, que ni pega ni corta, y los mismos directores seguirán ganando sumas que son fuera de toda lógica, ganan mas que los parlamentarios ¿Existe alguna autoridad de gobierno que pueda controlar estos sueldos con aportes del estado ya que la UCT es una Universidad subvencionada con aportes del consejo de rectores?
Hoy a las once de la mañana, el rector ordenó a todos los profesores y empleados salir a impedir la toma del Campus San Francisco, amenazó que sería despedido el que se negara a salir al patio: más de un centenar de docentes y administrativos salió al patio, a los auxiliares ya los tenían ahí y todos fuimos testigos presenciales de cómo Valdés intentaba agredir a los estudiantes que portaban sillas para colocarlas en la entrada.
Valdés estaba protegido por matones contratados, de la última empresa de seguridad contratada, los que agredieron a algunos estudiantes hasta que un grupo trató de calmar los ánimos tomando una manguera y arrojándole agua al enfurecido y a sus matones.
Los estudiantes burlándose le gritaban "llegó el guanaco", mientras lo mojaban. La gravedad es de tal magnitud que ha quedado en evidencia que lo que Valdés y el Rector intentaron crear, tal vez sin intención, un enfrentamiento entre los estudiantes y los docentes y administrativos.
Los trabajadores si bien cumplimos la orden de salir al patio nos quedamos atónitos mirando las escenas que propiciaban los altos directores de la universidad protegidos por el grupo de matones y guardias. Después de los hechos ocurridos esta mañana la UCT ya no volverá a ser la misma.
Los responsables de este grave incidente el rector Alberto Vásquez Tapia, Nass, Valdes, Peña, y el decano de ingeniería deben salir de la Universidad.
¿Y nuestro señor Obispo?... ¡Bien Gracias!, ni se entera de nada, pero tendrá que hacerlo y sacar de la universidad a este rector y sus matones.
Los hechos ocurridos esta mañana en la Universidad Católica de Temuco son de una degradación jamás vista en una universidad chilena en democracia. Este es el gran legado que nos dejo Mónica Jiménez de la Jara, actual Ministra de Educación. Dios Salve a la Universidad.
Breve historia de la Corporación Aprender
El Colegio Polivalente de la Pintana y la Corporación Educacional Aprender nacen prácticamente juntas para dar inicio a un buen negocio en la educación.
Estos eran los sueños que siempre tuvo Mónica Jiménez de la Jara y que por fin, junto a otros empresarios comenzaba a materializarse. El sistema que permite el lucro en la educación era altamente efectivo y había que aprovecharlo.
Es así que Jorge Cisternas Larenas, un empresario de la construcción donó un terreno a la Corporación Participa, de la cual Jiménez de la Jara fue su Directora Ejecutiva y luego presidenta, más el aporte que hicieron otros empresarios, se da inicio a la construcción del colegio en el año 1997.
En ese entonces la hoy Ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, recibió el terreno y se encargó personalmente de la construcción del establecimiento.
Desde sus inicios, la Corporación Participa recibió los donativos de personas y empresas por cantidades monetarias importantes, ya que se sabía que los réditos serían económicamente inmensos dado el sector en que se construía el colegio. Un sector pobre y con muchos niños que necesariamente deben a ir a colegios públicos y subvencionados.
Todo nuevo aporte económico servía para financiar los gastos de operación del colegio y de sus sostenedores que eran, por cierto, los más elevados.
Curiosa y estratégicamente este sueño empresarial iba creciendo y todos los dueños de la educación, entre ellos Jiménez de la Jara, asumieron que era necesario crear otra corporación para gestionar en mejor forma los recursos. Así nace la Corporación Educacional Aprender.
El sistema económico y político neoliberal permite y profundiza la destrucción de la educación pública de calidad y crea las condiciones necesarias para que los sostenedores puedan crecer junto a su negocio sin entregar una educación realmente de calidad y así lo demuestran las estadísticas.
Hoy vemos que el directorio de la Corporación Aprender está compuesto por ex ministros de Estado ligados a grandes holding internacionales.
Encabeza el directorio su presidente Sergio Molina Silva, quien es Vicepresidente del Banco del Desarrollo, y ex ministro de Educación, en la dirección ejecutiva está ni más ni menos que Mariana Aylwin Oyarzún, también ex ministra de Educación. En el directorio aparecen los siguientes nombres Sergio Avalos Vázquez, profesor Colegio San Ignacio El Bosque, Jorge Cisternas Larenas Presidente Constructora Bío Bío, Fernán Ibáñez Alvarellos Presidente Profinde, director de empresas, Miguel Luis Leonvendagar V. Gerente general de Redbank, Mario Pavón Robinson, Gerente general de Sonda, Jorge Jiménez de la Jara, Profesor de Salud Pública de la Universidad Católica y hermano de la Ministra de Educación.
Pareciera ser que tras abandonar el “servicio público”, el mejor negocio es participar como sostenedores de colegios en sectores carenciados.
Hoy, la educación pública prácticamente no llega a estos sectores y son los empresarios de la educación los que aprovechan las carencias y bondades del sistema.
Si cuando piensa en “represión” se imagina a un funcionario del G.O.P.E. golpeando a un escolar, piénselo dos veces. Los más recientes acontecimientos represivos en contra de los actores sociales de la educación, en un repertorio que incluye desde la normativa legal hasta el secuestro, explican con brutal claridad la verdadera estrategia de la represión desplegada en la actualidad, haciendo del episodio del “jarrazo” apenas una anécdota más.
La represión se premia en efectivo
Una serie de procedimientos burocráticos y legales han sido desplegados por parte del gobierno para intentar disuadir a profesores y estudiantes movilizados.
La discrecionalidad con que el Mineduc actúa en el otorgamiento de los recursos para la subvención le permitió amenazar a diestra y siniestra con cancelarles la “mesada” a los sostenedores municipales y privados que hayan respaldado las movilizaciones actuales.
A los pocos días se anunció que se habían empezado a aplicar los descuentos por tomas y paros, $2.500 millones de pesos en total: “Ante esto, muchos ediles manifestaron su descontento”, escribía el Mercurio el 28 de junio; “Pero algunos, como [Pablo] Zalaquett [alcalde de La Florida], se mostraron tranquilos porque el ministerio se comprometió a condonar la deuda de quienes rechazaron las tomas y trabajaron por recuperar la actividad”. La misma nota agrega antecedentes: el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, lo señaló concretamente: “no vamos a evaluar las apelaciones de los sostenedores que no gestionaron la vuelta a clases. Tenemos claro quiénes ayudaron a buscar soluciones al conflicto y quiénes no".
A pesar de que en el DFL-2 de 1998, que regula la entrega de subvenciones – incluyendo las infracciones-, no hay ni de cerca referencia al “apoyo al abandono de clases” o algún artilugio similar, el gobierno pretende seguir adelante con su amenaza. Así, mediante una presión económico-administrativa, se obliga a cada sostenedor a una decisión política (cual es, castigar las movilizaciones), avisando que el gobierno –en colusión con buena parte de los alcaldes- no dejará puntada sin hilo si de acallar las críticas se trata.
¿Sumarios y secuestros en democracia?
El mismo Zalaquett, a nombre de los alcaldes-sostenedores, advirtió a los profesores sobre descuentos por días no trabajados durante los paros e, incluso,de abrir sumarios (con la venia de la propia ministra de Educación, Mónica Jiménez). Estos mismos sumarios que no se inician para expulsar a docentes de baja calidad, paradójicamente sí se usarían para expulsar a los movilizados (y hoy, para los “rebeldes” que no quieran evaluarse).
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, respondió a esta arremetida en La Nación Domingo (29 de junio): "Zalaquett y la propia ministra están por reprimir y no dialogar, mientras otros municipios ya nos dijeron que no nos descontarán. Ella era sostenedora de colegio y es representativa de un sector partidario de la privatización. Ha sido de oídos amplios a esa tendencia y no ha considerado a los demás sectores. Ese no es el papel de una ministra", criticó. El Magisterio anunció la creación de una Comisión de Apoyo Jurídico a estudiantes y profesores para defenderlos en caso de problemas con tribunales, que estará presidido por el ex juez Juan Guzmán, conocido por sus juicios contra el ex dictador Augusto Pinochet.
Además de éste, otro organismo ha asumido la defensa de los derechos de los estudiantes movilizados y la dura represión que sobre ellos se ha ejercido: la Defensoría Popular. Este grupo de abogados se ha dedicado desde sacar a los jóvenes recién detenidos hasta, tomando la ofensiva, querellarse en nombre del Colegio de Profesores y la AMDEPA contra el ministro y el subsecretario del Interior, la Intendencia de Santiago y otros actores institucionales responsables de la violencia policial. La querella ya fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía.Vistos los últimos acontecimientos, estas iniciativas parecen más que necesarias.
El miércoles 25 de junio, la vocera del Liceo Confederación Suiza, Alejandra Saavedra, estando en las afueras del Metro Baquedano, fue detenida por Fuerzas Especiales de Carabineros para un supuesto control de identidad. En un comunicado de los apoderados del colegio, “ella mostró su cédula, a lo cual ellos respondieron que era en Comisaría. La subieron al vehículo policial en donde habían más estudiantes, todas ellas mujeres, la orden del GOPE fue: ‘siéntate sin levantar la cabeza, nada de celulares, y está prohibido hablar’, dos estudiantes hablaron e inmediatamente les pegaron”. Pasado al mediodía, fue liberada en la comuna de San Miguel.
Este verdadero secuestro no es sino el corolario de un vasto panorama represivo. En entrevista con El Ciudadano (junio 2008), Rodrigo Román, abogado de la Defensoría, acusa: “han ocurrido miles de detenciones ilegales en los últimos días, particularmente en las movilizaciones estudiantiles. (…) A los chicos los desalojan de las escuelas y el Ministerio Público les imputa el delito de usurpación, que es una figura como el robo respecto de los bienes inmuebles. O sea, se acusa a los estudiantes que se están robando los colegios, con ánimo de señor y dueño respecto de los establecimientos educacionales. Eso es exagerado. Incluso hay instructivos de los sostenedores circulando para responder a estas acciones de los estudiantes. Han ocurrido en las últimas semanas casi 3 mil detenciones ilegales y los chicos acusan que en muchas de ellas han sido apremiados ilegítimamente, han sido vejados injustamente, lo que configura el delito de torturas contra particulares”.
Uno de los instructivos que menciona Román llegó a nuestras manos. Se trata de una presentación de la municipalidad de Santiago, la que viene trabajando desde el 2007 junto a los directores de sus establecimientos. En ella instruye cómo reubicar a los estudiantes que hayan participado en tomas, ateniéndose al Reglamento Interno, refrendando el derecho de los sostenedores a disponer represalias sobre los alumnos movilizados, derecho ya respaldado judicialmente por el fallo de la Corte Suprema en el caso del colegio Carolina Llona.
Dicho instructivo no dejó de usarse. A diferencia de las 26 alumnas del Liceo 1 de mujeres Javiera Carrera, que tras su expulsión el 2007 debieron ser reintegradas, 7 estudiantes del Liceo Amunátegui (ambos de la comuna de Santiago) terminaron fuera de sus aulas (Ver: http://www.opech.cl/editoriales/2007_07/07-07-07b_sigue_lucha.pdf). Según acusa uno de los perjudicados, Ivo Silva, no se les dio la oportunidad de firmar una carta de compromiso (como estipula el reglamento interno) para terminar el año, pues eran identificados como “activistas políticos”, no así con otros 8 compañeros que, por ser de más bajo perfil, quedaron sólo condicionales.
Quien fue la cara visible de las medidas contra los jóvenes fue el ahora célebre Jorge Toro, recientemente nombrado rector interino del Instituto Nacional, cuando desempeñaba cargos directivos en el Liceo Amunátegui. Aprobado incluso por los estudiantes institutanos, nadie recuerda el destacado papel que tuvo a la hora de castigar a sus alumnos por movilizarse.
La institucionalidad
La legitimidad de este aparato represivo tiene uno que otro fundamento en las propias leyes chilenas. El mismo Rodrigo Román, en El Ciudadano, apunta al Decreto Supremo 1086:
"Este decreto trata en específico la garantía constitucional establecida en el Artículo 19, Número 13. Allí se señala que la constitución garantiza a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. En 1983, plena dictadura, se crea este decreto supremo que hoy está ocupando al pie de la letra el gobierno de Bachelet, que exige la obligatoriedad de pedir permiso a la Intendencia para manifestarse. Pide definir ante ella quienes van a marchar, cuántos, por dónde, quién va a hablar y qué va a decir. Es un decreto digno de una sociedad orweliana de control", afirma el abogado.
En efecto, hoy no sólo es exigencia el permiso para una manifestación, sino que hace un buen rato que, derechamente, las marchas por la Alameda están prohibidas. La única excepción en los últimos meses fue la realizada a favor de la Píldora del Día Después, curiosamente promovida por el mismo gobierno y personeros de la Concertación.
Y a las detenciones arbitrarias (preventivas, suele decir la policía), maltratos en micros y comisarías, grabación en la vía pública por parte de Carabineros y otros
tantos artificios, se suma el trabajo de Inteligencia del gobierno, legal y asumido, bajo un manto: la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.
En reportaje de la edición de junio de la revista Bello Público (publicación mensual de la FECh), se advierte que, a través de la ley 19.974 del año 2004, la ANI tiene la facultad de "ingresar en los teléfonos, la correspondencia y en todo tipo de comunicaciones; radio, Internet, mails y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual (...). Incluso pueden llegar a recolectar, de manera encubierta, datos íntimos, como los hábitos, los estados de salud física o psíquica y la vida sexual de los investigados. ¿Quiénes son los investigados? Pues se supone que aquellos que atenten contra el orden y la seguridad del Estado".
Aun más: "En la historia de la ANI ha habido ingreso de funcionarios a reuniones, y eso no es ilegal. Si estás en la FECH, en algún sindicato, yo puedo ir y meterme, me siento, escucho y luego me voy, como ir al cine", comenta uno de sus funcionarios, Andrés Araya, en la misma revista.
Como ir al cine resulta de cotidiana la estrategia represiva. Todos estos eventos que han desfilado por la prensa, en apariencia aislados, al sumarlos nos permiten explicitar una red institucional y discursiva, avalada jurídica e ideológicamente, que supera con creces la imagen del carabinero y su luma. No es para sorprendernos.
Nos basta refrescar la memoria con la dictadura y los siguientes años de gobierno concertacionista. Pero es sobre todo desde la explosión de 2006 que para las nuevas generaciones el tema está en el tapete, viviéndolo en carne propia: jóvenes y niños aprendiendo lo que significa “represalia” por querer ejercer su derecho a manifestarse y ser tratados como criminales.
* Para ver que hace un año las cosas no eran tan distintas, ver:
La Ley General de Educación (LGE) es la alternativa que el gobierno ha puesto para derogar la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), ley de educación heredada de la dictadura. Se puede decir que La Ley GE es mejor que la LOCE en que es un proyecto de Ley que establece criterios educativos e introduce algunas instancias democráticas como los consejos escolares. Sin embargo este proyecto de ley mantiene intactos los principales pilares que hacen que nuestro sistema educativo sea de mala calidad, discriminatorio y mercantil.
¿Cuales son las razones?
1.- La ley General de Educación no soluciona la disparidad o asimetría de derechos que hay en la constitución chilena.
El derecho a la educación no tiene las garantías que tienen otros derechos, como el derecho de propiedad, de libertad de enseñanza, y de libre empresa en nuestra Constitución General de la República. El año 2006 se mandó una modificación a este artículo, la cual fue rechazada por parlamentarios de derecha y algunos de la Concertación.
¿Que implica esto?
· Esta desigualdad de derechos es lo que permite que se pueda expulsar estudiantes de los colegios. Se privilegia el derecho a la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación.
· Permite que los sostenedores mantengan su derecho a lucro. Se privilegia el
“derecho a desarrollar cualquier actividad económica, de propiedad” por sobre el derecho a la educación.
· Impide la participación efectiva de los estudiantes, profesores y apoderados en las escuelas. Es más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación. Es fundamental que los consejos escolares sean resolutivos y no solo consultivos.
2.- La Ley General de Educación no modifica el rol del Estado, limitado a lo “subsidiario”.
¿Qué significa esto?
Es derecho de los padres garantizar la educación de sus hijos y el estado sólo tiene el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de los padres, mediante el financiamiento de escuelas y la información sobre la calidad de estas. El sujeto del derecho a la educación no es el niñ@ frente al estado. Esto prohíbe al Estado una intervención directa en la gestión educativa. Sólo interviene cuando ningún privado o municipio pueda o quiera gestionar la educación donde se necesite. Esto es un rol subsidiario.
¿Cómo afecta esto la calidad del sistema educativo?
El Estado no pude tener escuelas de calidad gratuitas que garanticen el derecho a la educación, y regule la oferta privada.
Es necesario un estado “garante” y no “subsidiario” en educación. Es decir un estado que gestione una educación de calidad integral, única forma de garantizar el derecho a la educación de los niñ@s y de regular la calidad de la educación privada.
3.- La Ley General de Educación no cambia la forma en como se administran las escuelas hoy en día, es decir, el sistema de sostenedores municipales y privados.
Este sistema no garantiza una concentración de recursos financiaros y educativos en los sectores en que más se necesita. Ni las municipalidades, ni los privados han demostrado tener las capacidades para gestionar la educación de los sectores desfavorecidos. De 345 sólo 20 tiene equipos preocupados de la educación. La mayoría de los sostenedores son empresarios, estos no han demostrado una buena gestión educativa en sus escuelas.
4.- La Ley General de Educación no hace ninguna mención sobre el sistema de financiamiento.
En la ley no se mencionan cambios en el sistema de financiamiento de la educación. Este sistema se basa en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales. Este dinero se entrega por la asistencia mensual del estudiante. El monto varía según Jornada (JEC o normal) y por tipo de educación (ETP, Especial, Científico – Humanista).
¿En que perjudica este sistema de Financiamiento a la educación pública?
· Induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y así cubrir sus gastos mes a mes Esta situación incita a la corrupción, falsear listas, clonar estudiantes, para captar mas subvención.
· Se mantiene el Financiamiento Compartido (que lo colegios subvencionados puedan cobrar un colegiatura extra a los padres), lo que de alguna manera es una firma de selección de estudiantes. Esto segmenta aún más la educación.
5.- La Ley General de Educación no se pronuncia sobre temas tan relevantes como las condiciones de trabajo de los profesores, cambiar el sistema de medición de la calidad de la educación, el lucro y la discriminación.
· Los profesores hoy no tienen condiciones de trabajo ni para su formación inicial que les permitan tener una mejor labor educativa (Un profesor contratado por más de 30 horas a la semana tiene que estar un 75% de ese tiempo en clases. ¿Cuándo prepara sus clases?, ¿Cuándo investiga para enriquecer sus clases?).
· El actual sistema de medición de calidad (SIMCE) mide sólo contenidos básicos para el mercado laboral actual. Esto simplifica la labor educativa en las escuelas haciéndolas tediosas y orientadas al entrenamiento de mano de obra barata.
· No se prohíbe el lucro, también pueden ser sostenedores, sociedades de derecho privado (con fin de lucro), con giro único educación.
· El sistema público mantiene su carácter discriminatorio. Los establecimientos que reciben fondos del Estado pueden expulsar o no aceptar estudiantes, amparándose en el reglamento interno o en el proyecto educativo de los establecimientos educacionales.
Es el primer espacio de unidad entre el movimiento estudiantil, los profesores, trabajadores y la población en general; que empieza a formarse en Talca para movilizarse ampliamente en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.
Te invitamos a participar con nosotros y sumarte a estas justas luchas.
